El Gobierno ha elaborado un proyecto de Real Decreto que prevé una rebaja general del 20% de aranceles de notarios y registradores, además de otra adicional del 35% si la operación no se tramita por medios telemáticos, que aumentará hasta el 70 por ciento

El Gobierno ha elaborado un proyecto de Real Decreto que prevé una rebaja general del 20% de aranceles de notarios y registradores, además de otra adicional del 35% si la operación no se tramita por medios telemáticos, que aumentará hasta el 70 por ciento a partir de julio de 2009. El borrador del Real Decreto, al que ha tenido acceso Efe, ha sido preparado por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia e introduce una rebaja arancelaria general del 20% aplicable a partir del próximo 1 de enero para documentos de cuantía.
 

Esta rebaja es una de las medidas que el Gobierno incluyó en el programa de veinticuatro reformas económicas que aprobó el pasado mes de agosto con el objetivo de afrontar la crisis económica.

No obstante, el proyecto incorpora una cláusula de rebaja adicional para las operaciones que los ciudadanos no puedan realizar por medios telemáticos, por causa imputable al notario o al registrador, de un 35%, que se incrementará hasta un 70% a partir del 1 de julio de 2009. Respecto a las copias simples que son obligatorias para cumplir trámites ulteriores a la escritura, como la liquidación tributaria, el arancel se rebaja muy sensiblemente, pues pasa de 0,6 euros por folio a 1 euro sea cual sea su extensión y soporte.

En el borrador del Real Decreto, fechado el 10 de noviembre y que el Ministerio de Justicia ha enviado al Consejo General del Notariado, se explica que la rebaja arancelaria se enmarca en las medidas de reforma estructural y de impulso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo destaca que este proyecto generará una mayor transparencia en la aplicación de los aranceles notariales y registrales, al tiempo que reforzará la seguridad jurídica de las empresas y ciudadanos, que podrán prever anticipada y fácilmente los costes notariales y registrales.
 
Por último, el texto preparado por Justicia y Economía y Hacienda resalta que el Real Decreto no supone ningún incremento del gasto público y potencia el uso de las nuevas tecnologías y las relaciones telemáticas entre las empresas, los ciudadanos y los notarios y registradores.

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